Hace unas semanas la, entre otras muchas cosas, cortometrajista Irene Zoe Alameda (IZA) estuvo en el ojo del huracán de la actividad mediática española a raíz de la controversia surgida de su alter ego, la escritora Amy Martin, asalariada de la Fundación Ideas, entre otras cosas. Esta polémica en sí misma nos es ajena más allá de las opiniones personales que puede tener cada uno, al igual que la veracidad de los hechos y las responsabilidades económicas, legales, éticas y/o políticas derivadas de este asunto, que deberán ser analizadas por quien corresponda. Lo que nos ha hecho levantar la mano para pedir la palabra son unos datos concretos dentro de la marabunta informativa que ha despertado este caso; no por su carácter individual, sino por las implicaciones generalizadoras que puedan surgir a partir de él, al ser presentado de una manera insidiosa a la opinión pública, descontextualizando algunos aspectos muy importantes que no son un reflejo de la realidad del cortometraje en España, pero que pueden ser tomados como referente.
No somos el ministerio fiscal ni tampoco ejercemos de turno de oficio. Lo que nos llama la atención es la reiterada acentuación con que la mayor parte de los medios de información general del estado español han remarcado las subvenciones para la producción de cortometrajes y documentales concedidas a IZA por el ICAA y el Instituto de la Mujer en los últimos años. Los medios destacan que llegó a recibir más de 120.000 euros para la realización de 3 cortometrajes entre 2009 y 2011, llegando a ser presupuestado alguno de ellos en una cifra alrededor de los 72.000 euros y alcanzando las aportaciones públicas para algún proyecto montantes superiores a los 43.000 euros. Para aclarar hacia dónde nos dirigimos, añadiremos que en la mayor parte de las ocasiones, los redactores o comentaristas de estos datos han coloreado la información subrayando que ambas cantidades son excepcionales o exageradas en la producción de cortometrajes.
No queremos valorar aquí la calidad de los trabajos de IZA, pues no es ahora esta la cuestión, y para eso tendríamos otras secciones más oportunas. Del mismo modo que la investigación y enjuiciamiento de los presuntos beneficios y preferencias que su posición y contactos le pudieron reportar a la hora de obtener dichas ayudas tampoco es misión nuestra. Incluso, si nos apuran, tampoco vamos a entrar en este caso en la legitimidad y periodicidad de las cuantías otorgadas en relación con los méritos. En este sentido hemos de apuntar que el Ministerio de Cultura y el ICAA han establecido unos programas específicos de subvención para los cortometrajes, y el Instituto de la Mujer (organismo que también ha favorecido la obra de IZA) también tiene sus criterios y bases (discutibles, mejorables…).
El acuerdo o desacuerdo con estos programas y sus bases y los méritos de los proyectos de IZA para alcanzar estas ayudas, como decimos, son también otro tema, que si quieren, discutiremos otro día. Y como lo que nos compete son los cortometrajes, su producción y su difusión,, eludiremos hablar del resto de su actividad profesional y económica, que por otra parte desconocemos en rigor.
Lo que sí que pretendemos tratar y aclarar aquí son esos epítetos de excepcional y exagerado, pues entendemos que por su propia naturaleza presentan una relación comparativa con el resto de ayudas concedidas por estos organismos y con la normalidad de la producción de cortometrajes de España.
Nos parece peligroso señalar que un presupuesto de 72.000 euros para un cortometraje es excepcionalmente alto para la producción española. En primer lugar se han hecho (se hacen) en España cortometrajes por esta cantidad. Es cierto, no son muchos, pero sí bastantes más de los que la opinión pública piensa. Evidentemente, también se producen por mucho menos. A este respecto cabe señalar el progresivo descenso medio de los costes de producción cinematográfica sobrevenidos con la estandarización de los formatos digitales de alta definición (y ultra-alta definición) y el abaratamiento y democratización de las herramientas y recursos destinados a la producción cinematográfica, que ha traído consigo la multiplicación de obras y cineastas, y también una mayor diversidad de modelos y procesos de producción/financiación de las obras (donde ya de por sí el corto tenía una gran variedad de posibilidades y modos de producción/financiación).
Luego, lo que habría que dirimirse sería si en un caso concreto (en cada caso concreto) el presupuesto es adecuado al gasto realizado o a realizar, o no. Para decidir en estas situaciones las instituciones disponen de herramientas como el famoso reconocimiento de coste. Otra cosa sería cuestionar éste, que, como hemos apuntado, es otro debate. De momento la herramienta es la que es, y en base a ella debemos actuar en una discusión de este tipo. En ningún caso creemos que se deba interpretar que una cantidad específica es adecuada o inadecuada para un cortometraje sin tener en cuenta el proyecto en sí.
Ateniéndonos exclusivamente a los últimos dos años, que son los que aún aparecen en la página de Becas y Subvenciones del ICAA, cortos como Voice over, Slides, Get stuffed, Free kick, Basque hotel, Disección de una tormenta, De qué se ríen las hienas, La acróbata, Efimera, Morti, 5ºB, escalera derecha, Borbón, la maldición de un apellido, Cristales, Don Enrique de Guzmán, En torno a Metring, Janette, La media vuelta, Maldito lunes, El ruido del mundo, Un día en el paraíso superaron, a veces ampliamente, los 60.000 euros de presupuesto. A lo que hay que añadir una gran lista de cortos que se sitúan en la franja de los 50.000 euros. Y nos apresuramos a afirmar que, en todos los casos mencionados, nos parece totalmente legítimo en los términos que se plantean, más allá de las preferencias que se puedan tener por uno u otro.
Del mismo modo, tampoco es infrecuente que se concedan subvenciones en torno a los 40.000 euros (aunque estas dependen mucho del presupuesto total, del reconocimiento de coste y de su arreglo a otros criterios puntuables que establecen con qué porcentaje subvencionar el proyecto), aunque desde 2011 y en especialmente en 2012 las cantidades han ido cayendo sustancialmente por motivos de política económica y/o cultural.
Podrá argumentarse que en términos generales los presupuestos son elevados; o más elevados de lo que la opinión pública consideraría adecuado (por motivos de extensión esta cuestión, esta vez sí muy pertinente, también queda pendiente para una futura discusión). Sin embargo, y a modo de defensa simple y general, debemos considerar que por norma (afortunadamente, no siempre), quienes trabajan en los cortos no obtienen ninguna remuneración económica, aunque para optar a las ayudas ministeriales es obligatorio dar de alta en los seguros sociales a los trabajadores y tener una empresa de producción activa y de alta en distintos registros ministeriales, tener saneadas las cuentas públicas, y siempre es muy recomendable realizar una auditoría de las cuentas de la producción y una asesoría legal y financiera que presentar junto al dossier de producción. Todo esto conlleva también una serie de gastos que repercuten en coste de la producción y que a veces no se asumen por parte de la opinión pública como parte de la actividad profesional.
Gastos que ascendían más aún cuando hasta hace unos años la mayoría de festivales nacionales e internacionales exigían copias de proyección en 35mm. En estos casos los costes de película, laboratorio y sonorización acaparaban en la mayoría de las ocasiones mucho más de la mitad del presupuesto.
Toda esta discusión se agrava si la elevamos a una comparativa europea. La cinematografía española presenta unos presupuestos para cortometraje que se encuentran muy lejos de los producidos en Francia, Alemania o Gran Bretaña. Por supuesto que hay países que invierten menos, pero la pregunta entonces debería ser «cuál es el papel que juega la producción cinematográfica dentro de la política cultural española y cuál es el peso económico que se le desea en el conjunto de la productividad del estado».
El riesgo que se corre con estas generalizaciones es considerar que la comunidad de cortometrajistas obtiene subvenciones desmedidas para su actividad (en número y cuantía), cuando la realidad es muy distinta: se apoya poco, cada vez menos al corto, pues al estar tremendamente marginado en los escenarios de retorno económico, su amortización es prácticamente nula para la inmensa mayoría de los proyectos realizados, por mucho que luego la industria audiovisual tire de esta cantera para nutrirse de profesionales.
La conclusión a la que queremos llegar no conduce a un juicio de valor hacia Irene Zoe Alameda a.k.a. Amy Martin, ni de su obra, ni la justificación o no de las ayudas que ha obtenido y cómo las ha obtenido. Lo que queremos señalar es que las cantidades que se señalan desmedidas, no lo son en modo alguno. Entran dentro de la mecánica habitual con la que el Ministerio, al menos el de Cultura, operaba en los pasados años con respecto a la producción de cortometrajes; y comparativamente con otras cinematografías con las que solemos medirnos, tampoco son aportaciones desproporcionadas. Ni siquiera excesivamente generosas.
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